Se satisface así una de las reclamaciones de la industria farmacéutica y los profesionales que participan en estas reuniones.
La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado por 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención, una proposición no de ley de Ciudadanos, enmendada por el PP, en la que se aclara que los profesionales sanitarios no deberían tributar por las invitaciones a congresos.
La proposición inicial de Ciudadanos exigía al Gobierno «considerar exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, teniéndose por tales los pagos de las inscripciones a cursos, congresos o cualesquiera actividades formativas para las que hayan obtenido previa autorización del centro sanitario en el que presten sus servicios, así como los gastos de traslado y alojamiento que se deriven de la asistencia a las mismas, excepto los de manutención» y considerar sin embargo sujetas a la tributación habitual el resto de transferencias de valor.
El portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, ha justificado la proposición no de ley aprobada para eximir de tributación los congresos explicando que «en los últimos años los profesionales sanitarios han perdido el 25 por ciento de su capacidad adquisitiva, se ha eliminado la exención de guardias a los 55, se ha llegado a cuotas del 30 por ciento en la temporalidad, se han eliminado los días libres…. Todo esto explica la desafección, los episodios vividos en Salamanca, en Madrid, en Andalucía [de protestas]», mientras políticos y gestores continúan diciendo pese a todo que «los profesionales son el pilar del sistema». Y ahora, se ha preguntado Igea, «¿Se le va a decir también al profesional que debe tributar 400 euros por acudir a un congreso para formarse? No es una buena idea. Después de la acertada decisión de Farmaindustria de hacer públicas las transferencias de valor, eso sólo puede volver a hacer opaco el sistema. Porque el profesional sólo tiene dos opciones, o dejar de ir a los congresos o dejar que se genere algún sistema alternativo y que eso vaya a través de una fundación o algún sistema que vuelva a hacer opacas» las invitaciones a congresos. Según Igea, además hay que tener en cuenta que «esa formación debería ser tarea del sistema público» que no estaría asumiendo su obligación.
